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Sumario


Introducción

El derecho de impugnación de valoraciones es uno de los derechos que la Ley Orgánica de Protección de Datos reconoce a los ciudadanos para que puedan defender su privacidad controlando por si mismos el uso que se hace de sus datos personales. Este derecho se encuentra regulado en el Título III de la Lopd (» artículo 13) y en el título III del Real Decreto 1720/2007 (» artículo 36) siendo necesario consultar estos artículos para completar la información que, a título orientativo, le ofrecemos en esta página web.


¿Que es el derecho de impugnación de valoraciones?

El derecho de impugnación de valoraciones es la herramienta jurídica que la Ley Orgánica de Protección de Datos pone a disposición de los ciudadanos para que puedan proteger su privacidad frente a la posibilidad de que alguien utilice sus datos personales para evaluar determinados aspectos de su personalidad (rendimiento laboral, crédito, fiabilidad, hábitos, conducta etc.) y utilice la información obtenida para tomar algún tipo de decisión que les afecte significativamente (determinar si es valido para un puesto de trabajo, concederle una hipoteca, etc.).
Hoy en día, gracias a la tecnología, se utilizan todo tipo de herramientas informáticas que permiten a quien las usa tomar decisiones basadas en la evaluación de la personalidad de futuros clientes, empleados, proveedores etc. El ejemplo más claro de estas prácticas lo tenemos en el “scoring”, que el sistema que utilizan los bancos para determinar el riesgo de impago de una persona en base a su perfil financiero. El scoring es un test que otorga una puntuación a un individuo en función del análisis de su información personal (la estabilidad en el empleo, el nivel de ingresos, el cargo que se ocupa en la empresa, las propiedades personales etc.) y sirve para determinar si se concede o no una operación de crédito a una persona determinada.


Contenido del derecho de impugnación

Tal y como estable el artículo 13 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, el derecho de impugnación de valoraciones esta regulado de la siguiente manera:

1. Los ciudadanos tienen derecho a no verse sometidos a una decisión con efectos jurídicos, sobre ellos o que les afecte de manera significativa, que se base únicamente en un tratamiento de datos destinados a evaluar determinados aspectos de su personalidad.

2. El afectado podrá impugnar los actos administrativos o decisiones privadas que impliquen una valoración de su comportamiento, cuyo único fundamento sea un tratamiento de datos de carácter personal que ofrezca una definición de sus características o personalidad.

3. En este caso, el afectado tendrá derecho a obtener información del responsable del fichero sobre los criterios de valoración y el programa utilizados en el tratamiento que sirvió para adoptar la decisión en que consistió el acto.

4. La valoración sobre el comportamiento de los ciudadanos, basada en un tratamiento de datos, únicamente podrá tener valor probatorio a petición del afectado.


Excepciones

Tal y como establece al artículo 36 del Reglamento que desarrolla la Lopd ( Real Decreto 1720/2007) los ciudadanos podrán verse sometidos a una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado de datos destinados a evaluar determinados aspectos de su personalidad en los siguientes supuestos:

a. Cuando dicha decisión se haya adoptado en el marco de la celebración o ejecución de un contrato a petición del interesado, siempre que se le otorgue la posibilidad de alegar lo que estimara pertinente, a fin de defender su derecho o interés. En todo caso, el responsable del fichero deberá informar previamente al afectado, de forma clara y precisa, de que se adoptarán decisiones con las características señaladas en el apartado 1 y cancelará los datos en caso de que no llegue a celebrarse finalmente el contrato.

b. Cuando dicha decisión esté autorizada por una norma con rango de Ley que establezca medidas que garanticen el interés legítimo del interesado



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